Efectos prácticos de la nueva Ley de Calidad Acústica en Colombia
El Congreso de Colombia aprobó la Ley contra el Ruido, la cual modificaría los niveles máximos de ruido permitidos en el territorio nacional e implementaría una serie de multas para quienes incumplan sus disposiciones, de alrededor de COP$25 millones.
Esta ley, que surtió su último debate legislativo en diciembre de 2024, establece la creación de la Política de Calidad Acústica, con el objetivo de mejorar la gestión del ruido a través de la prevención, la pedagogía, el control y la sanción. El Ministerio de Ambiente es uno de los encargados de regular los objetivos específicos de esta ley en un plazo de 18 meses a partir de su promulgación, crear mapas de ruido que identifiquen y delimiten zonas de protección acústica, declarar zonas acústicamente saturadas y definir lineamientos para la descontaminación acústica en áreas afectadas por ruido excesivo.
La ley también establece que todos los municipios y distritos del país deben desarrollar un Plan de Gestión de Calidad Acústica, lo que implica la actualización de los planes de ordenamiento territorial.
Un comité de seguimiento será responsable de asegurar el cumplimiento de la ley y supervisar la implementación de las medidas establecidas. Este comité trabajará en estrecha colaboración con las instituciones, ciudadanía y sectores involucrados, para fortalecer los mecanismos jurídicos y de policía, destinados a preservar y restablecer el orden público afectado por el ruido.
Las nuevas regulaciones también contemplan sanciones para las actividades que generen ruido y superen los límites permitidos (por ejemplo, el uso de maquinaria ruidosa). Las multas varían según la naturaleza de la infracción.
En el caso de actividades económicas que generen ruido en entornos residenciales, las autoridades podrán imponer plazos para la insonorización del establecimiento y, en caso de incumplimiento, suspender temporalmente la actividad.
Si bien la ley contempla ciertas excepciones (por ejemplo, para las actividades culturales y tradicionales con permiso previo), es fundamental conocer tanto el contenido de la ley como la regulación que se derive de esta, incluidas las modificaciones a los planes de ordenamiento territorial y los posibles impactos en licencias y permisos ambientales para proyectos.
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