México Presenta Iniciativa para Reforma la Ley de la Industria Eléctrica
El gobierno mexicano ha enviado una iniciativa de reforma para reformar el mercado de electricidad y favorecer a Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa productiva del Estado. El 1 de febrero de 2021, la Oficina de la Presidencia envió al Congreso una iniciativa con un proyecto de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Se espera que el Congreso voté la iniciativa enviada bajo la modalidad de "preferente" en un plazo de 30 días. Las reformas propuestas cambiarían ampliamente las reglas de despacho del sistema eléctrico nacional para beneficiar a CFE y las centrales eléctricas de sus subsidiarias, desplazando centrales con tecnologías limpias y renovables y otras plantas propiedad de particulares.
Estos son los puntos más relevantes de la iniciativa:
- somete reglas de despacho y de operación del sistema eléctrico nacional a la política energética de la actual administración, misma que por diseño beneficia a las centrales eléctricas de CFE y desplaza centrales eléctricas de particulares
- incluye modificaciones para limitar los principios de libre competencia y concurrencia previamente establecidos en la LIE
- elimina la obligación de CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de llevar a cabo subastas de largo plazo para el suministro básico de electricidad, una política que de facto ya habían venido siendo implementada por el gobierno federal
- introduce una nueva forma de contratación bajo la figura de los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, cuyos compromisos tendrían prioridad en el despacho
- ordena la revisión de contratos previamente celebrados por CFE con productores independientes
- sugiere que los titulares de permisos de autoabastecimiento bajo el régimen de contratos legados previsto en la propia LIE sean revisados e incluso revocados si son inconsistentes con la ley reformada o con la política energética del gobierno
- establece que las autoridades del sector y reguladores contarán con un periodo de 6 meses a partir de la publicación de la ley reformada para realizar las modificaciones o emitir los acuerdos, resoluciones y disposiciones administrativas necesarios para que la normatividad actual se ajuste a la ley reformada
La iniciativa no establece con claridad si existe una obligación de migrar permisos de generación bajo la modalidad de autoabastecimiento hacia permisos de generación bajo la LIE. Del proyecto tampoco es posible deducir si la intención del gobierno es mantener una porción relevante del mercado de suministro calificado "libre" para los generadores privados.
Desde el año pasado, la aplicación de varios acuerdos y actos regulatorios promovidos por el gobierno federal en materia de electricidad han sido exitosamente suspendida en tribunales federales. En las próximas semanas, la constitucionalidad de la política energética del gobierno será analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el contexto de una acción promovida por el regulador de competencia, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
Las disposiciones de la iniciativa de reforma son problemáticas en distintos niveles pero presentan los mismos cuestionamientos a nivel constitucional, de comercio y competencia económica que aquellos actualmente están siendo analizados por inversionistas y revisados por tribunales federales.
En términos generales la iniciativa de reforma parece violar obligaciones del Estado mexicano (trato nacional, no discriminación, etc.) establecidas en los tratados de libre comercio y de inversión suscritos por México, incluyendo las previstas en el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC). De ser aprobada, la reforma seguramente elevaría tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos (de potencialmente de Canadá), considerando que la nueva administración del presidente Biden tendrá que abordar el cumplimiento de los compromisos de México bajo el T-MEC y dar seguimiento a la carta enviada por autoridades estadounidense de comercio y de Estado a sus contrapartes mexicanas precisamente solicitando la revisión de las políticas de energía a la luz del tratado.
Adicionalmente, algunas de las disposiciones del proyecto de reforma parecen violaciones claras a principios constitucionales de irretroactividad y de libre competencia.
Los inversionistas extranjeros y agentes económicos con inversión en proyectos de energía renovable en México tendrán que seguir muy de cerca el proceso legislativo de la iniciativa y preparar una estrategia legal frente a su eventual aprobación, para así proteger sus derechos adquiridos e iniciar cualquier acción disponible.
El impacto y los recursos legales debe ser analizado cuidadosamente y dependerá del tipo de inversión, estructura de financiamiento, etapa y exposición de cada proyecto, caso por caso.
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