Municipios de México continúan explorando nuevas vías impositivas en materia energética

Varios municipios de México continúan diseñando esquemas de cobro vinculados a proyectos energéticos, cuya validez constitucional depende de su diseño y de si operan como cobros por servicios públicos o como mecanismos de control o supervisión.

La industria energética cuenta con elementos para evaluar riesgos y articular defensas, en un entorno que seguirá sujeto a definición constitucional caso por caso.

Panorama general

En el último trimestre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió diversas controversias constitucionales en las que analizó la validez de esquemas municipales de cobro aplicables a proyectos energéticos, reactivando el debate constitucional en torno a los límites de la potestad municipal en sectores estratégicos.

Estas resoluciones se insertan en un contexto en el que, durante los últimos años, diversos ayuntamientos han incorporado en sus leyes de ingresos derechos, multas y otros conceptos de cobro con impacto en proyectos de hidrocarburos y generación de energía eléctrica, reflejando la tensión estructural entre las necesidades locales de financiamiento y el marco constitucional de distribución de competencias.

Dichas controversias constitucionales han vuelto a centrar la atención en una cuestión práctica: cuándo un cobro o requisito municipal constituye una medida legítima de prestación de servicios públicos y cuándo, por su estructura y efectos, funciona como un gravamen o mecanismo de control sobre actividades energéticas.

Para los participantes del sector, lo determinante es identificar cómo opera el instrumento local en la práctica: si introduce una carga económica ligada a la actividad energética en sí misma, si condiciona la instalación u operación del proyecto o si, bajo una figura aparentemente de orden municipal, actúa como un filtro para operar.

Desde esta óptica, el análisis de los cobros municipales vinculados a proyectos energéticos es eminentemente técnico y atiende a su finalidad, base de cálculo y efectos prácticos, evitando concluir de manera automática, su inconstitucionalidad.

Debate constitucional actual

Tras una extensa historia jurisprudencial en esta materia, la SCJN continúa conociendo asuntos sobre esquemas municipales de cobro vinculados a proyectos energéticos, sin que exista un criterio unánime ni definitivo. Si bien a finales de 2025 se resolvieron controversias constitucionales en las que se invalidaron cobros contenidos en leyes de ingresos de distintos municipios en los estados de Guerrero, Coahuila, Nayarit y San Luis Potosí, en otros asuntos no se logró la formación de criterio debido a empates en la votación, lo que confirma que el debate permanece abierto.

De los precedentes disponibles se desprende que el punto decisivo radica en la incidencia práctica del cobro. En particular, enfrentan un mayor riesgo de invalidez aquellos esquemas que exceden la lógica de una medida administrativa local y operan como instrumentos de control regulatorio y fiscal sobre actividades energéticas.

Este enfoque cobra especial relevancia en proyectos de energías renovables, como los solares y eólicos, en los que el riesgo de invalidez se incrementa cuando los municipios prevén licencias, autorizaciones o permisos que condicionan la instalación u operación de dichos proyectos, en lugar de limitarse a cobros claramente asociados a servicios públicos municipales, tales como los relacionados con protección civil o seguridad.

Implicaciones prácticas para el sector

En ese escenario, los criterios existentes funcionan principalmente como herramientas de diagnóstico y gestión de riesgos. En la práctica, permiten a las empresas evaluar anticipadamente si un esquema local de cobro puede exceder las atribuciones municipales y definir estrategias de respuesta, que van desde el ajuste o la negociación técnica hasta la impugnación.

Desde una perspectiva institucional, el debate también abre un espacio para que las autoridades locales refinen la técnica normativa al diseñar sus esquemas de ingresos. En particular, al atender su finalidad, base de cálculo y efectos prácticos, pueden reducir los riesgos de invalidez.

Consideraciones finales

La delimitación constitucional de los esquemas municipales de cobro vinculados a proyectos energéticos continúa definiéndose caso por caso, en función de su diseño normativo concreto y su impacto real sobre la instalación y operación de dichos proyectos. Los instrumentos locales que, por su estructura o efectos, introduzcan funciones de control regulatorio o fiscal sobre la actividad energética enfrentan un riesgo significativo de invalidez.

Por otro lado, aquellos claramente asociados a la prestación de servicios públicos municipales, diseñados de manera cuidadosa y sin incidencia directa en la operación energética, pueden situarse dentro del ámbito de competencia local.

Para la industria energética, este escenario exige un análisis técnico y preventivo de las cargas locales aplicables a cada proyecto, tanto en etapas de planeación como de operación. Además, ofrece márgenes concretos de defensa frente a esquemas que excedan las atribuciones municipales. Al mismo tiempo, confirma que no existe una regla uniforme ni definitiva; la evolución del debate dependerá, en buena medida, de la técnica normativa empleada por los municipios y del impacto práctico que cada instrumento tenga sobre la actividad energética.

Los abogados de Holland & Knight tienen amplia experiencia en el sector energético – incluyendo asuntos relacionados con petróleo y gas, electricidad, gas natural licuado, biocombustibles y energías renovables – trabajando de manera estrecha e integrada con sus colegas de las prácticas corporativas, fiscales, financieras y de litigio.

Esta visión multidisciplinaria les permite a nuestros abogados asesorar a empresas nacionales e internacionales en el diseño, desarrollo y consolidación de proyectos estratégicos de energía, así como en la recuperación de pagos indebidos y la definición de estrategias de cumplimiento regulatorio, ofreciendo acompañamiento jurídico integral para la gestión de riesgos en un entorno regulatorio cada vez más complejo. Asimismo, a través de sus áreas de práctica de asuntos regulatorios y gubernamentales, Holland & Knight acompaña a las autoridades en el diseño y fortalecimiento de instrumentos normativos.

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